Congreso
El proyecto insta al Poder Judicial en su totalidad y a la CSJ como su máximo tribunal a cumplir con sus obligaciones en cada Ley. Además, el texto indica que la Corte no ha reglamentado o implementado de ninguna manera la ley de ingreso democrático, sancionada en mayo del 2013, “negándose a cumplir con las obligaciones que le impone la Ley, así como un funcionamiento transparente y democrático”.
El texto presentado exclama: “no se vislumbra cuáles son los motivos por los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación se entiende ajena a las obligaciones que le impone la Ley, o se entiende dispensada de su cumplimiento”.
Con respecto a la ley Micaela, Ramón reconoce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha firmado un Convenio de Colaboración con la autoridad de aplicación a efectos de asumir las capacitaciones, así como su implementación, pero que preocupa la falta de cumplimiento pleno de sus disposiciones. En particular la mas importante para la efectividad: el registro público de los capacitados y de los que se hubieran negado a la capacitación.
“Como primera cuestión, el reciente desentendido con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad (CSJN, Resolución 2143/2020) expone deficiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las obligaciones asumidas de remitir los informes correspondientes a la autoridad de aplicación (cláusula 3)”, sostiene el proyecto e insiste en el ejemplo que debiera dar el Poder Judicial, así como lo están realizando todos los demás poderes del Estado Nacional e incluso provinciales.
El proyecto ya ha sido extendido a todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación, para contar con la mayor cantidad de adhesiones, y poder pronunciarse ante el nulo accionar judicial para cumplir con estas leyes.
