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Alberto Fernandez había ratificado el jueves 14 de enero que la primera etapa de vacunación contra el va a ser únicamente a través de la Sputnik , siempre y cuando Vladimir Putin cumpla con lo pactado y envíe las 30 millones de dosis de la vacuna rusa antes que concluya marzo.
Ese mismo día en la Casa Rosada, antes de protagonizar la promulgación de la ley del Aborto, el presidente dialogó con Noubar Afeyan, titular de la empresa farmacéutica Moderna. En el dialogo quedó claro que Moderna puede vender sus vacunas aprobadas en Estados Unidos, pero recién llegarían a la Argentina en el segundo semestre.
El dialogo con Afeyan duró treinta minutos. También participaron Ginés González García, ministro de Salud, Carla Vizzotti, secretaria de Salud, y Cecilia Nicolini, asesora del jefe de Estado. “La charla fue una aproximación, y si al final nos ponemos de acuerdo, las vacunas llegarían después del segundo trimestre”, comentó el presidente en la Casa Rosada.
Un dato no menor es que el titular de Moderna es amigo del empresario Eduardo Eurnekian y juntos exigen a nivel global que Turquía reconozca su responsabilidad política en el genocidio armenio. Eurnekian habló con Alberto Fernández antes de fin de año, y lo puso en contacto con Afeyan, que lidera una compañía que ya cerró acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Israel y la Unión Europea
El pronóstico de Alberto Fernández ratificó que la vacunación en la Argentina -primera etapa- dependerá de la buena voluntad del Kremlin. Putin ya remitió 300.000 Sputnik V -dosis una y dos- que se aplicarán a los trabajadores esenciales. Y a continuación debería llegar un volumen cercano a los 30 millones de dosis -una y dos- antes que concluya marzo.
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Esta no es una maniobra fácil ya que hay un problema logístico. En Moscú reconocen que esos 30 millones de dosis aún no están todas fabricadas -en las plantas de Corea del Sur y la India-, y no dan precisiones respecto a la autorización oficial para aplicar esas vacunas a los mayores de 60 años.
Lo cierto es que, frente a este contratiempo, desde el Gobierno no hay un Plan B. Hasta el momento no se cerró el contrato con la empresa china Sinopharm, y si ello sucediera, el primer embarque de un millón de vacunas -dosis una y dos- recién aterrizaría en Ezeiza hacia mediados de febrero. La vacuna china aún no fue autorizada para aplicar al grupo de riesgo de mayores de 60 años.
La ausencia de un Plan B puede derivar en un nuevo tironeo político entre la Casa Rosada y las 24 provincias. Alberto Fernández debió modificar su plan de prohibir la circulación nocturna para atenuar el rebrote del COVID-19, frente al rechazo de los gobernadores que optaron por una estrategia más laxa para atender el humor social de sus distritos y la compleja situación económica del interior.
Hasta ahora, el Estado Nacional concentra la decisión institucional de comprar las vacunas y después distribuirlas a las 24 provincias. Pero en los últimos días ciertos gobernadores empezaron a evaluar la posibilidad de solicitar al Presidente la autorización para comprar vacunas por afuera del Estado, si lo único que llega es la vacuna rusa, hay resistencia a su uso, o no es posible aplicarla a mayores de 60 años. Esta solicutud sería negada por el Presidente ya que declacaró que “Firmamos acuerdos por 51 millones de dosis, a nadie le faltará su vacuna”.
Por su parte, la Casa Blanca desembolsó en Moderna cerca de 1.000 millones de dólares para apoyar la producción a gran escala y la vacuna se muestra efectiva en los grupos de riesgo de mayores de 60 años. Una diferencia marcada con la Sputnik V, ya que esta última no alcanza este grupo etario, y aún no se sabe cuándo las autoridades sanitarias de Rusia aprobarán su aplicación.
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